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Esta propuesta no es un proyecto de ley. Por el contrario, establece unos lineamientos de política pública que buscan ser la base de lo que en el futuro será la Ley de Acceso a la Vivienda Digna de Puerto Rico. Debido a que los factores que inciden sobre nuestra crisis de vivienda son diversos y provienen de una gama de problemas, algunos longevos y otros de reciente creación, esta propuesta no se compone de una sola medida, sino de un total de ocho que buscan atender la amplitud de factores que pesan sobre la problemática de vivienda.
La propuesta se fundamenta en un acercamiento holístico a través de una combinación de reformas legislativas e iniciativas ejecutivas que buscan alcanzar el cabal cumplimiento de los objetivos estratégicos trazados y la garantía de asegurar una vivienda digna, segura y asequible para cada puertorriqueño (a).
Objetivos Estratégicos de la Ley de Acceso a la Vivienda Digna
1
Establecer el acceso a la vivienda digna, segura y asequible como un derecho inalienable de cada ciudadano de Puerto Rico según lo establece la Declaración Universal de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas de 1948 en su Artículo 30.
2
Detener los procesos de desplazamiento de comunidades que se están desarrollando a lo largo y ancho de nuestro archipiélago.
3
Estabilizar los cánones de alquiler en las zonas más afectadas por la inflación inmobiliaria.
4
Garantizar la oportunidad de cada puertorriqueño(a) a ser propietario de un hogar.
5
Regular las actividades comerciales en el sector turístico que causan especulación desmedida e inestabilidad en nuestro mercado de vivienda.
Introducir el principio del uso, necesidad y tenencia responsable a la hora de dirimir disputas sobre titularidad que implican el hogar primario de una unidad familiar.
6
7
Añadir 107,000 unidades de vivienda asequible a nuestro mercado de vivienda en un periodo no mayor de 10 años.
8
Reducir en un 35% el inventario de propiedades en estado de desuso o abandono en Puerto Rico que, actualmente, se estima en 300,000 unidades.
9
Erradicar la construcción ilegal en la Zona Marítimo Terrestre para garantizar la estabilidad de nuestro ecosistema costero y el acceso a las playas como un bien de dominio público de cada puertorriqueño(a).